- El país no puede seguir a la deriva en medio del cambio económico y tecnológico
La fuerte transición y cambio de los sistemas políticos y económicos globales ha sido suficiente para generar ansiedad y temor por cuanto el pasado dejó de poderse extrapolar linealmente y el futuro emerge así con crecientes grados de incertidumbre. Este proceso global ha coincidido en Costa Rica con un conjunto de fenómenos que, si bien algunos tienen una dimensión positiva, también contribuyen a generar consecuencias más inciertas. Como resultado de este y otros factores, un sistema fuertemente presidencialista ofrece ahora la paradoja de un presidente débil, que se enfrenta con un "equilibrio" tal de poderes y un sector público a los que no puede imprimir sentido de dirección. Algunos ejemplos incluirían: el desarrollo de instituciones jurídicas que por un lado han venido a fortalecer los derechos de los ciudadanos, pero, por otro, también han limitado las posibilidades de liderazgo político. El creciente poder crítico de la prensa, vital para la democracia, no se acompaña de un poder constructivo correspondiente. A su vez, la corrupción y el descubrimiento de su profundo alcance han venido a sembrar mayor desconfianza, ansiedad y duda en torno a las soluciones colectivas, con la consecuente preferencia por soluciones individuales o de grupo, aunque se antepongan a los intereses de la sociedad en su conjunto. Finalmente, el proceso de atomización y fraccionamiento de partidos políticos, en parte como expresión de las preferencias de los votantes, han hecho al país menos gobernable.
Indispensable liderazgo. El país no puede continuar a la deriva mientras el entorno económico y tecnológico cambia aceleradamente. Es preciso recrear condiciones de gobernanza y fe en un futuro compartido. Nuevas políticas de Estado podrían engendrar condiciones para un liderazgo presidencial, indispensable en un sistema presidencialista. Para eso, es pertinente una discusión sobre políticas de Estado, que trascienden una administración y por estar apoyadas por una mayoría no se discuten constantemente. No se trata de consensos plenos, pues son casi imposibles de lograr y en el intento se puede caer presa de minorías que imponen su visión a la mayoría y detienen el cambio. Una política de Estado podría girar en torno a reducir la pobreza y se podría expresar con metas cuantitativas sujetas a monitoreo y evaluación de la sociedad; por ejemplo, la reducción de la pobreza a la mitad en 10 años y el abatimiento completo de la pobreza extrema. Esta política debiera incluir una estrategia de desarrollo humano y de empleo.
El gasto social tiene niveles aceptables en cuanto a cantidad, pero desastrosos en calidad. Desorden y atomización institucional; sistemas de selección de beneficiarios arbitrarios, incompatibles entre sí y sin participación comunitaria y ausencia de sistemas de monitoreo y evaluación de resultados respecto de metas cuantitativas y publicadas de previo, generan una dispersión de esfuerzos, niveles inaceptables de ineficacia e ineficiencia y sospechas de corrupción en el otorgamiento de beneficios. Se hace necesario revisar toda la gama de políticas e instituciones sociales desde la perspectiva del desarrollo humano, en beneficio de los pobres.
Más pobres. En lo económico el tema es de políticas idóneas para reducir la pobreza. Se convive con niveles de inflación tales que un choque o perturbación externa aumentan el número y hasta el porcentaje de los pobres. El combate a la inflación es parte de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. A su vez, si bien ha habido tasas de crecimiento positivas en la década pasada, estas no han sido suficientemente elevadas ni sostenidas, ni han sido pro pobres; es decir, no se ha logrado promover un porcentaje creciente de personas vinculadas satisfactoriamente a los mercados formales de la economía moderna. Esto requiere, entre otros, abordar el déficit de infraestructura, abaratar y aumentar el crédito disponible (lo cual se vincula con la lucha contra la inflación), programas de desarrollo regional, y de apoyo sistemático a las mipymes, en particular a su capacidad de innovación, en un marco de creciente apertura externa.
La Costa Rica posible, sin el temor y la incertidumbre actuales, no se alcanzará sin políticas de Estado en un marco público de rendición de cuentas de acuerdo con los resultados. Pareciera que solo así el presidente de la República nos podrá conducir en una dirección que produzca un aumento del porcentaje de la población con empleo formal, un control de las alzas en el costo de la vida y mayor desarrollo humano. Solo así se reducirán la pobreza, la desigualdad y, consecuentemente, la desesperanza.
La Nación, 19 de mayo de 2005
