Ante la disyuntiva nacional
Ennio Rodríguez
Nuestra Costa Rica, esa que promete pero no alcanza, esa que
consigue por momentos deslumbrar pero pierde continuidad, esa que a pesar de
sus logros genera insatisfacción, se encuentra en una gran disyuntiva: o plantea un conjunto de reformas sustanciales
que signifiquen un salto cualitativo al desarrollo, o verá seriamente
amenazados sus logros en materias tan relevantes como la distribución del
ingreso y la salud, además del colapso creciente de las infraestructuras de
transporte, para citar solo algunas. Las dificultades son tan profundas y las
limitaciones para abordarlas tan serias que requerimos una verdadera
refundación de los cimientos de nuestro sistema de convivencia nacional.
Recomposición de la democracia. Uno de los pilares de la democracia es la división de poderes,
indispensable para establecer los pesos y contrapesos requeridos en una
democracia representativa. Al haberse
perdido esta división de poderes se trastocó el sistema político y parece haberse
caído en un inmovilismo reglamentista que adquiere ribetes de anomia política.
Por ejemplo, existen tribunales en el Poder Ejecutivo tales como SETENA y el
Tribunal Administrativo Transportes; la Sala Constitucional invade competencias
legislativas, cual Senado no electo, y también ejecutivas; la Contraloría
General de la República, perteneciente a la Asamblea Legislativa, en ocasiones
se erige en tribunal y juzga y sanciona, al igual que el Tribunal Supremo de
Elecciones. El más menoscabado de todos, el supuesto primer poder de la
República, es incapaz de acometer reformas importantes pues su reglamento
arcaico, complementado con los fallos correspondientes de la Sala
Constitucional, le atribuyen, de hecho, poder de veto a cualquier diputado. Por
lo tanto, es necesario replantear jurisdicciones a los poderes y
simultáneamente oxigenar un sistema judicial para dar pie a principios
doctrinales (más allá de los derechos humanos) y a la jurisprudencia, la
costumbre y al sentido común para que estos jueguen un papel central y no
limitarse a ser meras fuentes supletorias de derecho. El sistema no puede estar dominado por un
positivismo extremo (las dictaduras siempre cuidaron la legalidad, hasta el
Talibán y el nazismo), y por lo tanto, anquilosado, cuando la capacidad de
adaptación y reforma son demandadas por el cambio tecnológico, económico,
social y político del mundo contemporáneo. Los romanos, padres de nuestro
sistema legal, en su tiempo, supieron combinar y enriquecerse mediante la
introducción de principios de equidad, la jurisprudencia y la flexibilidad. Finalmente,
para fortalecer la democracia en un mundo de mayor rendición de cuentas y
multipartidismo, es hora de plantearse un sistema parlamentario.
Las bases del
crecimiento. Nuestro crecimiento, razonable para los
estándares latinoamericanos, es insuficiente para dar un salto que nos acerque
al mundo desarrollado. Deben recomponerse sus bases. El sector productivo está
dividido en tres sectores que viven mundos distintos: i. el moderno (compuesto
por las empresas de zonas francas y turísticas, con privilegios impositivos y
de simplificación de trámites); ii. el informal (simplifica los trámites de
hecho al actuar al margen de la ley, con lo cual también adquiere ventajas
competitivas); y, iii. el nacional (principalmente pymes, el mayor empleador
del país, sobre el que recae una carga desproporcionada de los impuestos y
sujeto cada vez a más controles y trámites). El sector informal no debiera
existir, por lo cual deben establecerse las condiciones y penalidades para que
transite hacia el formal; al sector nacional debieran dársele condiciones de
competitividad idóneas, con una mayor inversión en ciencia y tecnología, y
distribuirse mejor las cargas impositivas entre todos los sectores productivos.
Finalmente, el país debe hacer un plan de inversión de infraestructura de
mediano plazo y, en ese marco, en adición a las necesidades de políticas
sociales, plantear una reforma fiscal integral.
Redistribución del
ingreso. Mayor equidad distributiva es un clamor
sordo que ha estallado bajo distintas consignas como el combo y el TLC. Debe
atenderse no solo por razones éticas y de conveniencia política, sino para
atender el mayor desafío actual: la inseguridad. La prevención social es la
forma menos costosa de atacar la violencia y la criminalidad. En este campo, el
sistema de salud y seguridad social amenazan con convertirse en bombas de
tiempo, y la inversión en educación es insuficiente. Esto se vincula
directamente con el patrón de crecimiento y la reforma fiscal, pero también con
la reforma del Estado para lograr mayor eficacia, particularmente en la gestión
de las políticas sociales.
Cuestión de método. Una refundación nacional no se logra por los métodos
tradicionales. Tampoco lo puede lograr un solo partido. Es hora de plantear un
gobierno de unidad nacional cuyo propósito sea plantear las bases para la
Tercera República.
