Ennio Rodríguez Economista
El crimen organizado opera con una lógica empresarial, diversifica riesgos y establece rutas alternas de distribución. Debe entenderse como una cadena de valor que, en cada etapa, distribuye riqueza a quienes participan. Compra lealtades y en entornos de pobreza, desigualdad social y debilidad institucional, incluso llega a suplantar al Estado en la provisión de servicios sociales y el monopolio en el uso de la violencia. Así, el Estado empieza a perder soberanía territorial.
Centroamérica está ubicada estratégicamente entre países productores y consumidores de droga, y con su tráfico vienen los crímenes conexos de tráfico de personas y armas, y la legitimación de capitales. Luego de los éxitos iniciales de Colombia, y más recientemente, México, la diversificación de rutas no se hizo esperar.
Los mapas que muestran los vuelos no reportados originados en Suramérica, ya nos solo se dirigen a la península de Yucatán, crecientemente aterrizan en el norte de Centroamérica. De Nicaragua al sur, se perfila un menor número de trazas de vuelos. Pero en cuanto a las lanchas no reportadas, las aguas territoriales desde Panamá al sur de México están infestadas. Las líneas se convierten en una mancha roja continua. El tránsito marino se torna en terrestre en toda la región, para seguir con sus rutas al norte.
De tal manera que la lógica del crimen organizado es transnacional y sus actividades transfronterizas. Sus estrategias de diversificación no dejan inmune a ningún territorio y, si bien el norte de Centroamérica es ahora su nuevo blanco favorito, las actividades de los carteles en el sur son crecientes. Congruente con esa lógica transnacional del crimen organizado, la respuesta requiere la coordinación regional para ser efectiva.
Cooperación. La seguridad es un concepto muy cercano del de soberanía y la cooperación internacional difícil. Pero la región debe construir a partir de las experiencias de cooperación policial existentes y de instituciones de integración que deberán fortalecerse y generar nuevas plataformas de confianza para atender estas nuevas tareas, con la prudencia y el cuidado que el desafío demanda.
Los esfuerzos políticos al más alto nivel para hacer un planteamiento regional estratégico balanceado y un conjunto de perfiles de proyectos y el diálogo iniciado con la comunidad cooperante a partir de estos planteamientos, son pasos en la dirección correcta. Pero estos primeros pasos deberán cuidarse con esmero. Centroamérica no ha tenido tanta atención de la comunidad cooperante desde el fin de la Guerra Fría; pero, para sacar provecho, deberá mostrar seriedad y compromiso con la implementación de su estrategia de seguridad. La cooperación internacional será creciente cuando se puedan mostrar logros y el empeño propio.
Pero la dimensión regional de la seguridad solo puede ser complementaria a los esfuerzos nacionales que le sirvan de asidero. Las estrategias nacionales demandan una gran alianza de la sociedad, los gobiernos por sí solos no pueden enfrentarse al embate del crimen organizado. Es necesaria la participación activa del sector privado, las organizaciones sociales y comunales, y los medios de comunicación deben jugar un papel importante.
La seguridad es tarea de todos y necesita recursos. Es costosa. Colombia, p. ej., estableció un impuesto al patrimonio con destino específico, y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con participación de la sociedad organizada. Pero el punto de partida no puede ser sino el local y territorial. Eso enseñan Bogotá y Medellín.
El éxito en el combate y prevención de la violencia y del crimen organizado requiere estar anclado en lo territorial y local, articularse con políticas públicas de Estado, coordinarse regionalmente con los países vecinos, y expandir las redes de inteligencia y colaboración a países productores y consumidores. Se requiere una concepción integral a partir de lo territorial y local, lo nacional y regional, insertos en la cooperación sur-sur y articulados con la norte-sur. No hemos enfrentado desafío mayor. Estamos a prueba.
La Nación, 1 de julio de 2011
