Ante la disyuntiva nacional

Ennio Rodríguez

Nuestra Costa Rica, esa que promete pero no alcanza, esa que consigue por momentos deslumbrar pero pierde continuidad, esa que a pesar de sus logros genera insatisfacción, se encuentra en una gran disyuntiva:  o plantea un conjunto de reformas sustanciales que signifiquen un salto cualitativo al desarrollo, o verá seriamente amenazados sus logros en materias tan relevantes como la distribución del ingreso y la salud, además del colapso creciente de las infraestructuras de transporte, para citar solo algunas. Las dificultades son tan profundas y las limitaciones para abordarlas tan serias que requerimos una verdadera refundación de los cimientos de nuestro sistema de convivencia nacional.

Recomposición de la democracia. Uno de los pilares de la democracia es la división de poderes, indispensable para establecer los pesos y contrapesos requeridos en una democracia representativa.  Al haberse perdido esta división de poderes se trastocó el sistema político y parece haberse caído en un inmovilismo reglamentista que adquiere ribetes de anomia política. Por ejemplo, existen tribunales en el Poder Ejecutivo tales como SETENA y el Tribunal Administrativo Transportes; la Sala Constitucional invade competencias legislativas, cual Senado no electo, y también ejecutivas; la Contraloría General de la República, perteneciente a la Asamblea Legislativa, en ocasiones se erige en tribunal y juzga y sanciona, al igual que el Tribunal Supremo de Elecciones. El más menoscabado de todos, el supuesto primer poder de la República, es incapaz de acometer reformas importantes pues su reglamento arcaico, complementado con los fallos correspondientes de la Sala Constitucional, le atribuyen, de hecho, poder de veto a cualquier diputado. Por lo tanto, es necesario replantear jurisdicciones a los poderes y simultáneamente oxigenar un sistema judicial para dar pie a principios doctrinales (más allá de los derechos humanos) y a la jurisprudencia, la costumbre y al sentido común para que estos jueguen un papel central y no limitarse a ser meras fuentes supletorias de derecho.  El sistema no puede estar dominado por un positivismo extremo (las dictaduras siempre cuidaron la legalidad, hasta el Talibán y el nazismo), y por lo tanto, anquilosado, cuando la capacidad de adaptación y reforma son demandadas por el cambio tecnológico, económico, social y político del mundo contemporáneo. Los romanos, padres de nuestro sistema legal, en su tiempo, supieron combinar y enriquecerse mediante la introducción de principios de equidad, la jurisprudencia y la flexibilidad. Finalmente, para fortalecer la democracia en un mundo de mayor rendición de cuentas y multipartidismo, es hora de plantearse un sistema parlamentario.

Las bases del crecimiento.  Nuestro crecimiento, razonable para los estándares latinoamericanos, es insuficiente para dar un salto que nos acerque al mundo desarrollado. Deben recomponerse sus bases. El sector productivo está dividido en tres sectores que viven mundos distintos: i. el moderno (compuesto por las empresas de zonas francas y turísticas, con privilegios impositivos y de simplificación de trámites); ii. el informal (simplifica los trámites de hecho al actuar al margen de la ley, con lo cual también adquiere ventajas competitivas); y, iii. el nacional (principalmente pymes, el mayor empleador del país, sobre el que recae una carga desproporcionada de los impuestos y sujeto cada vez a más controles y trámites). El sector informal no debiera existir, por lo cual deben establecerse las condiciones y penalidades para que transite hacia el formal; al sector nacional debieran dársele condiciones de competitividad idóneas, con una mayor inversión en ciencia y tecnología, y distribuirse mejor las cargas impositivas entre todos los sectores productivos. Finalmente, el país debe hacer un plan de inversión de infraestructura de mediano plazo y, en ese marco, en adición a las necesidades de políticas sociales, plantear una reforma fiscal integral.

Redistribución del ingreso. Mayor equidad distributiva es un clamor sordo que ha estallado bajo distintas consignas como el combo y el TLC. Debe atenderse no solo por razones éticas y de conveniencia política, sino para atender el mayor desafío actual: la inseguridad. La prevención social es la forma menos costosa de atacar la violencia y la criminalidad. En este campo, el sistema de salud y seguridad social amenazan con convertirse en bombas de tiempo, y la inversión en educación es insuficiente. Esto se vincula directamente con el patrón de crecimiento y la reforma fiscal, pero también con la reforma del Estado para lograr mayor eficacia, particularmente en la gestión de las políticas sociales.

Cuestión de método. Una refundación nacional no se logra por los métodos tradicionales. Tampoco lo puede lograr un solo partido. Es hora de plantear un gobierno de unidad nacional cuyo propósito sea plantear las bases para la Tercera República.

Nos amenazan fuerzas centrífugas

Ennio Rodríguez

La sociedad costarricense del siglo XXI sufre un proceso de disociación creciente.  Desde 1948 nunca hubo fuerzas disgregadoras tan fuertes. El sistema político muestra una disonancia en aumento. Crecen el descontento y la desconfianza.

Hasta la mitad del siglo XX, Costa Rica seguía siendo una sociedad tradicional  predominantemente rural y dominada por el Valle Central, con su visión de las cosas  cercada por montañas y cerros, donde la posible amplitud de miras de las costas y llanuras poco contribuían a definir la personalidad nacional. Se había forjado una personalidad desconfiada, típica de los serranos de las novelas de Vargas Llosa, huraños, conservadores y resistentes al cambio. Esa sociedad, casi sin clase media, vivía una pobreza generalizada y con instituciones como el compadrazgo, propia de las relaciones entre cafetaleros pequeños con los no tan pequeños. Había cercanía, confianza y los problemas se resolvían por influencias. Esa sociedad tradicional y rural pasa por dolores iniciales de parto de la modernidad. La Revolución de 1948 augura una transición hacia una sociedad desarrollista con un Estado que asume nuevas funciones y empieza a funcionar sobre la base de normas y mayor respeto legal, empezando por el sistema electoral. Se adoptan los postulados en boga de la industrialización por sustitución de importaciones y la integración económica regional, el Estado acomete no solo grandes obras de infraestructura, sino también fortalece sus programas sociales, con singular éxito en electricidad y salud. Surgen así una naciente clase media y nuevos grupos empresariales, muchos surgidos a la sombra del Estado.

Las sociedades modernas se caracterizan por el predominio de normas y leyes que definen las relaciones sociales, donde se desarrolla el individualismo y las decisiones pasan ser determinadas por idoneidad y competencia y cada vez menos por influencias o compadrazgos. Costa Rica transitaba por esa ruta, no sin altibajos, cuando la sorprenden las crisis del petróleo de los setentas y afloran las limitaciones del modelo de crecimiento, hasta hacer crisis en agosto de 1981, luego de un endeudamiento externo galopante que vino a profundizar la gravedad de la crisis con el intento fallido de evitar los ajustes ineludibles en lo fiscal y, particularmente, en un sector externo vulnerable a cambios en los términos del intercambio.

La respuesta a la crisis de pagos externos incluyó una importante diversificación de las exportaciones y una reducción del proteccionismo. Se han logrado atraer con éxito grandes empresas transnacionales, de altísima productividad, y se ha desarrollado el turismo. Pero estos sectores de alto crecimiento no contribuyen fiscalmente y no se acomete, en treinta años, una reforma fiscal. El Estado en su anemia fiscal, deja de construir la infraestructura pública y asume nuevas funciones de control y supervisión sin dotársele de los recursos necesarios y sin realizarse la necesaria revisión de sus funciones históricas heredadas, ¡sigue produciendo hasta licores!, y con una planilla desproporcionada en tamaño y niveles de remuneración. Asimismo no se han modernizado las condiciones de competitividad para el empresariado nacional.

En medio de esta transición desordenada hacia la modernidad, sin claridad de un proyecto nación, estallan los grandes casos de corrupción. La necesaria confianza en un régimen objetivo e impersonal, fundamentado en la legalidad, se hace añicos. Emerge nuevamente la desconfianza ancestral de los serranos. La respuesta jurídica ha sido generar cada vez mayores controles, con lo cual, se traslada el poder de las autoridades políticas a los mandos medios (los guardianes de los procedimientos crecientemente reglamentados) y a la Sala Constitucional, cuyo único norte pareciera ser la salvaguardia de los procedimientos y una invasión inmisericorde de competencias de todos los poderes, incluido el propio Poder Judicial. Así se ha dificultado el accionar público por razones fiscales y legales y, para colmos, los intentos de hacer obra mediante procedimientos expeditos ante la asfixia reglamentaria, han terminado en los abusos más sonoros, con el descrédito de los procedimientos de emergencia.

Mientras tanto el mundo se globaliza y estalla el consumismo como medio de conducta universal. Este encuentra terreno fértil en la sociedad costarricense, crecientemente desigual fruto de los desequilibrios macroeconómicos y el modelo de crecimiento. En este marco, irrumpe con fuerza el crimen organizado, con una dimensión transnacional producto de un determinismo geográfico inescapable, así se deterioran las condiciones de vida, con mayor impacto en la población de menores ingresos que puede protegerse menos de la inseguridad.

Finalmente, se desarrolló una leyenda urbana: la gran conspiración neoliberal, la cual supuestamente transformó el modelo de desarrollo de acuerdo con esta ideología, y provocó la concentración del ingreso. Una explicación fácil, y como tal, atractiva, de lo que es de suyo un problema complejo, y que sustituye el análisis, e incluso hace innecesaria la propuesta seria (¡sería suficiente sacar del poder a los neoliberales!). Así, al descontento justificado se le agrega la confusión injustificada.

Para revertir las fuerzas centrífugas, debemos partir del análisis de nuestra realidad para, sobre bases sólidas, dimensionar el cambio necesario. Solo así podremos transformar el descontento en una fuerza positiva de cambio político. La complejidad del diagnóstico obliga a soluciones extraordinarias que, sin traicionar los principios democráticos, genere una plataforma multipartidista de transformación profunda.

Nuestras oportunidades perdidas

Costa Rica ha vivido una crisis económica de baja intensidad prácticamente desde la gran crisis de agosto de 1981. Son treinta años de manejar una sucesión de crisis potenciales sin que estallare ninguna nueva crisis de grandes proporciones, pero sin atender los problemas de fondo. Los resultados están a la vista, con la excepción notable del sector externo, las políticas económicas han estado dominadas por el corto plazo. Se han manejado así los desequilibrios macroeconómicos mediante recurrentes programas de estabilización, que si bien han impedido grandes crisis fiscales y elevadas tasas de inflación, una consecuencia directa también ha sido una treintena de años de oportunidades perdidas, en particular, nunca se han logrado las condiciones para un crecimiento económico sostenido. De estabilización en estabilización, las autoridades económicas han hecho verdaderos malabares para no dejar que el corto plazo estalle. Pero así, una generación no pudo ver superadas las condiciones de rezago relativo con respecto a las economías desarrolladas. Es decir, seguimos atrapados en el subdesarrollo y la quinta parte de la población, en la pobreza.

Unos pocos datos ilustran las oportunidades perdidas. En 1980, el ingreso nacional per cápita de Costa Rica (medido por la paridad del poder de compra) era superior al de  Corea ($6.070 y $5.444 respectivamente). Mientras Corea creció sostenidamente, Costa Rica solo logró un crecimiento promedio mediocre, de tal manera que el ingreso nacional per cápita de Corea en 2011 casi triplica el costarricense ($28.230 versus $10.497).  Incluso, muchos clasifican hoy a Corea como país desarrollado. Los coreanos se demoraron los mismos treinta años en desarrollarse, durante los cuales Costa Rica no logró, siquiera, duplicar su ingreso nacional per cápita por estar sumida en esa crisis permanente de baja intensidad. Otros indicadores sociales como los años de escolaridad promedio de las respectivas poblaciones o los niveles de pobreza reflejan aún más dramáticamente el rezago creciente de Costa Rica.

Otros datos que muestran tendencias de largo plazo son la convergencia o divergencia de los niveles de ingreso per cápita. Una divergencia muestra una separación creciente de los niveles de desarrollo. Mientras en 1960 el PIB per cápita de Costa Rica representaba el 34% del estadounidense, en el 2007 había caído al 27%. Otros países que hace cincuenta años tenían un nivel de ingreso similar a Costa Rica (Irlanda, Singapur y Chile) y otros cuyo ingreso era bastante inferior al de Costa Rica (Corea, Mauricio y Malasia), en el mismo periodo, todos aumentaron su convergencia con Estados Unidos. ¡Singapur incluso logró superar el ingreso per cápita estadounidense!  La convergencia ha sido posible en muchas partes del mundo, por lo que debemos concluir que la divergencia y subdesarrollo de Costa Rica son auto-infligidos.

Por décadas tuvimos el problema combinado de un déficit fiscal amenazante (con la breve excepción de la Administración Pacheco que logró tener un superávit primario, aunque a costas de comprimir el gasto y la inversión) y una inflación de dos dígitos.  Esta última como consecuencia primordialmente de una política cambiaria que tenía como objetivo, mediante las minidevaluaciones anunciadas, mantener el tipo de cambio real. El cambio en la política cambiaria ha permitido bajar la tasa de inflación. Pero en el frente fiscal ha ocurrido un deterioro, de tal manera que los avances logrados en la reducción de la deuda pública se están consumiendo en el financiamiento de los gastos corrientes y continúa sacrificada la inversión pública al igual que durante las últimas tres décadas. Solo en carreteras el Banco Interamericano de Desarrollo ha calculado un déficit de más de diez mil millones de dólares (solo para alcanzar a países de niveles de ingreso similares). La débil inversión en infraestructuras es una de las causas de las tasas de crecimiento comparativamente bajas y, en consecuencia, de los limitados aumento del empleo y reducción de la pobreza.

El carácter dual de la economía costarricense también impacta negativamente las posibilidades de crecimiento. Así, un sector disfruta de condiciones cercanas al primer mundo, tanto en trámites como en acceso a aeropuerto, electricidad e Internet y, además, está totalmente exento de impuestos. El éxito exportador ha dependido en gran medida de este sector de zonas francas. Pero el empleo depende, principalmente de las empresas nacionales que no disfrutan de dicho régimen, particularmente de las empresas pequeñas y medianas (pymes). Estas deben, entre otros factores: i. batallar contra trámites y controles crecientes administrados de manera ineficiente; ii. pagar impuestos mientras compiten con el sector informal que no lo hace; iii. sufrir créditos caros mientras no existe el financiamiento para capital de riesgo (no hay banca de desarrollo ni mercado de capitales); y iii. les impactan frontalmente las limitaciones de infraestructura en carreteras, puertos y aduanas. Por otra parte, el aumento vertiginoso del empleo público es una de las causas estructurales del déficit fiscal. De tal manera, que la solución sostenible en cuanto al empleo depende de la suerte de las pymes. Mientras no se mejoren significativamente las condiciones de su competitividad el crecimiento de la producción y del empleo van a ser insatisfactorios.

Los desequilibrios macroeconómicos y la dualidad estructural han contribuido a generar, adicionalmente, una tendencia a la concentración del ingreso, lo cual se ha unido a la política salarial expansiva del sector público, en desmedro de los empleados y empresarios del sector de las pymes y de los pobres. Este deterioro distributivo está alimentando un descontento y desconfianza crecientes. Quizás aliviados porque en el corto plazo (dos o tres años) no estallará el tema fiscal, seguimos optando por el subdesarrollo. Seguimos acumulando nuestras oportunidades perdidas. ¿No va siendo hora de que optemos por desarrollarnos y acabar con la pobreza y la frustración?

Europa: el péndulo del problema

La realidad europea es compleja. Las respuestas actuales no parecen comprender esa complejidad. Son respuestas de antaño, divididas en dicotomías: austeridad vs. keynesianismo; flexibilidad de los mercados laborales vs. protección de los derechos de los trabajadores; y consolidación fiscal vs. defensa del Estado benefactor, entre otras. Estas dicotomías corresponden, en alguna medida, a las ideologías prevalecientes. Los conservadores o derecha defienden austeridad, flexibilización de los mercados laborales y la consolidación fiscal; mientras que los socialistas (en el sentido europeo del término, social demócratas en América Latina) o de izquierda, presentan una plataforma de gasto fiscal keynesiano, protección de los derechos de los trabajadores y una defensa del Estado benefactor. Las elecciones parecen estar condenadas a un péndulo donde sucesivamente fallan los gobiernos de izquierda, los votantes oscilan hacia la derecha, quienes tampoco logran aumentar el bienestar y el péndulo electoral tendería a castigarlos nuevamente. Con el tiempo, como empieza a pasar en Grecia, el caso más agudo, empieza el descrédito de socialistas y conservadores y a fortalecerse las posiciones más extremas, con lo cual, las posibilidades de gobernanza se complican aún más. Pareciera que la realidad desbordó a las ideologías en más de una dirección. Las soluciones óptimas probablemente requieren una combinación de posturas, por ejemplo, en algunos casos, keynesianismo con flexibilización de mercados laborales y racionalización del Estado benefactor. Los partidos de izquierda o de derecha se inhiben de hacer tales planteamientos so pena de alienarse de sus propias bases. Se plantea así un desafío político interior a los países de superar ideologías y de reconstruir una base de apoyo a programas ideológicamente heterodoxos.

Pero la complejidad es mayor. Salvar la Unión Europea requiere hoy caminar contra los principios filosóficos de su construcción hasta la fecha. Los europeos han promovido un proceso de convergencia de las políticas económicas, así como de armonización regulativa en el marco de Maastricht. Lo segundo mantiene validez para aumentar la eficiencia en el intercambio interior. Pero, en estos momentos, lo más conveniente puede ser la divergencias fiscal. Mientras que los países superavitarios del norte deben expandir su gasto, los del sur deben más precavidos. El pacto fiscal vigente, con su receta talla única y universal, basada en Maastricht y la austeridad, está llevando a toda la Unión a una nueva recesión. Este es un desafío político para la Unión: permitir y promover la divergencia sin entrar en una crisis de identidad.

Más controversial aún, los países en problemas debieran tener la opción de devaluar su moneda para reconstituir condiciones de competitividad. La situación actual de mantenerse en la eurozona y tener que hacer el ajuste solo por la vía de la contención del gasto parece condenado al fracaso político. Ahora bien, abandonar el euro, no puede ser excusa para no acompañar la devaluación de un programa de ajuste, que si bien no comprima el déficit a las velocidades programadas actualmente, sí se plantean introducir mayor flexibilidad en los mercados laborales y una revisión de los alcances del Estado benefactor.  Desafío tanto interior como de la Unión.

En definitiva, en primer lugar, existe un problema analítico. Es difícil para muchos ver de frente la realidad. La mayoría sigue anclada en las ideologías históricas y, tras esos cristales, no logran comprender las consecuencias de un mundo globalizado en sus flujos financieros y comerciales, y, en particular el desafío de competitividad que presentan China e India y otros como Brasil y Sur Corea por un lado, y la flexible economía de Estados Unidos por el otro. Para los defensores de la Unión Europea también es difícil entender que la ideología de la convergencia y de la unión monetaria no se corresponde con la diversidad estructural de las economías de la Unión en el marco de los desafíos que plantean las amenazas de una segunda recesión y la competencia internacional. En segundo lugar, existe un problema político. Las respuestas ideológicas nacionales y de la Unión, al haberse erosionado la realidad para la cual fueron desarrolladas, ofrecen respuestas sin correspondencia con los problemas a resolver. Los partidos políticos siguen respondiendo en gran medida a esas ideologías y naufragando en las urnas, las cuales sucesivamente castigan a los gobernantes de turno.

Europa no puede continuar con su implosión económica causada por su parálisis cognitiva y política. La cuna de las ciencias y del Renacimiento no le pueden fallar al mundo.